La élite corrupta de Guatemala encuentra un inesperado aliado: el senador de EEUU Marco Rubio

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Es una fuerza de lucha contra el crimen que ha derrocado a presidentes acusados de corrupción, desmantelado redes criminales dirigidas por antiguos oficiales del Ejército y detenido a jefes de seguridad que manejaban escuadrones de la muerte.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha hecho mella en la inmunidad de la que normalmente ha gozado la élite rica poderosa y criminal del país utilizando técnicas policiales del siglo XXI como la protección de testigos, pinchazos telefónicos y operaciones encubiertas para cazar a las redes criminales.

Esta fuerza apoyada por la ONU es la iniciativa más exitosa y popular de Sudamérica contra la corrupción y es denigrada por las autoridades corruptas y redes criminales en Guatemala. Actualmente también está liderando una investigación por corrupción contra el presidente del país, Jimmy Morales, y su familia.

Ahora, sus oponentes han encontrado un extraño aliado en Washington: el senador republicano Marco Rubio, que la semana pasada suspendió la ayuda estadounidense a la Cicig por acusaciones de infiltración por parte del Kremlin.

“Esto fue una trampa. Rubio cambió la política tras escuchar solo una versión… este es un escenario clásico de noticias falsas”, sostiene Jo-Marie Burt, experto guatemalteco de la ONG Washington Office on Latin America (WOLA).

En lo que parecía ser otro ataque independiente contra Cicig, el embajador sueco en Guatemala, Anders Kompass,  fue declarado la semana pasada persona non grata y se le dieron 30 días para salir del país.

La justificación oficial es que Kompass interfirió en los asuntos internos al describir Guatemala como una “sociedad corrupta”, pero los expertos señalan que el objetivo real es eliminar a un destacado defensor de la Cicig, que Suecia –junto con Estados Unidos y otros países europeos– ha apoyado económicamente.

“La explicación más razonable para exigir la retirada del embajador Kompass es debilitar el apoyo diplomático y financiero a la Cicig”, explica a The Guardian el exministro de Exteriores Fernando Carrera. “Guatemala no ha vivido tales niveles de aislamiento desde los peores años del conflicto armado”, añade.

Cicig se creó en 2007 para luchar contra la impunidad y ayudar a desmantelar una alianza de redes criminales y estructuras de seguridad clandestinas que operan como un “Estado mafioso corporativo”.

La compleja red de élites económicas, políticas y militares –y criminales comunes– se infiltró en las instituciones públicas tras los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin al conflicto armado de 36 años.

Desde entonces, Cicig ha ayudado a transformar el sistema de justicia criminal, resultando en la apertura de muchos casos de gran impacto, incluidas tramas de tráfico de drogas y de personas, jueces corruptos y generales retirados acusados de orquestar atrocidades durante la guerra civil y dirigir organizaciones criminales.

Su victoria de perfil más alto fue una investigación conjunta con los fiscales de un fraude aduanero multimillonario que en 2015 acabó derribando al presidente Otto Pérez Molina, que ahora está a la espera de juicio.

Morales, un cómico retirado conocido por sus actuaciones con blackface (pintarse la cara de negro), fue elegido en 2015 tras prometer apoyo a la Cicig y asegurar que no era “ni un corrupto ni un ladrón”.

Pero desde agosto de 2017 los fiscales han hecho tres solicitudes para juzgar al presidente por distintas acusaciones criminales. Mientras tanto, Morales ha liderado una gran campaña para debilitar a la CICIG.

Morales también declaró al director de la comisión, el colombiano Iván Velásquez, persona non grata –aunque la decisión fue posteriormente declarada inconstitucional– y nombró a una nueva fiscal general, María Porras, que no tiene experiencia en la lucha contra la corrupción. Cuando asuma el cargo, una de sus primeras decisiones será si imputa o no a Morales y a su partido. El fiscal general saliente y la Cicig han identificado pruebas de financiación ilegal de su campaña por un valor de unos 800.000 dólares.

La familia Bitkov, el justificante de Rubio

Las expulsiones diplomáticas de la semana pasada fueron un serio golpe para aquellos que luchan contra la impunidad, que se tambalean por la decisión de Rubio de suspender la financiación. El senador de Florida argumenta que su decisión está motivada por el caso de una familia rusa exiliada condenada por Cicig acusada de fraude de identidad.

Los Bitkov fueron procesados como parte de una investigación más amplia de corrupción de alto nivel en la oficina de inmigración que ha resultado hasta ahora en más de 40 condenas.

Pero Rubio, presidente del subcomité del hemisferio occidental, ha aprovechado el caso Bitkov tras la publicación de un editorial en el Wall Street Journal que culpa de sus largas condenas (que están bajo recurso) a la interferencia rusa. Sin embargo, la Cicig nunca ha recibido fondos de Rusia.

Rubio ha suspendido la financiación de seis millones de dólares entregada por el Senado –una tercera parte del presupuesto anual de la organización– tras celebrar una sesión del Comité de Helsinki (Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa) sin la presencia de la Cicig ni de ningún experto guatemalteco.

“Dado que la Cicig está financiada significativamente con dinero del contribuyente estadounidense, el senador Rubio está reteniendo actualmente seis millones de dólares mientras el Congreso cumple su papel de vigilante para asegurarse de que la Cicig está ajustándose a su mandato de combatir la corrupción en Guatemala”, ha declarado la oficina de Rubio.

Pero la comisión no escuchó nada de cómo el filtrador que desencadenó la investigación por el fraude en la oficina de inmigración fue asesinado en 2010, tres meses después de denunciar amenazas de muerte.

Mientras tanto, en Guatemala, el asesinato de tres líderes campesinos –Luis Arturo Marroquín, José Can Xol y Mateo Chamán Pau– en una semana ha provocado peticiones para fortalecer y no debilitar la lucha contra el crimen.

El analista político Luis Solano señala que perder el apoyo de EEUU sería un duro golpe político y financiero para la Cicig, pero también contraproducente para los intereses estadounidenses. “Fortalecería a grupos ultraconservadores y animaría al crimen organizado y a los grupos paralelos de poder a los que están vinculados”

fuente:https://www.eldiario.es/theguardian/Guatemala-encuentra-EEUU-Marco-Rubio_0_772373638.html

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